Reconocimiento sentencia extranjera en España: exequátur y vida familiar

08 Dec 2025

Si una sentencia de divorcio, custodia o pensión se dicta en otro país, pero tu día a día transcurre en España, tarde o temprano surge el mismo problema: esa resolución no “existe” aún para las autoridades españolas. El procedimiento de reconocimiento sentencia extranjera, conocido como exequátur, sirve precisamente para que una decisión de fuera tenga validez aquí: en el Registro Civil, ante Hacienda, en la Seguridad Social o frente a un banco.

El Consejo General del Poder Judicial viene señalando que los expedientes de reconocimiento de resoluciones foráneas son especialmente frecuentes en Derecho de familia en provincias con alta población migrante. El marco general está en la Ley 29/2015, de cooperación jurídica internacional en materia civil, que fija las reglas básicas para admitir y, en su caso, ejecutar resoluciones civiles y mercantiles dictadas en el extranjero.

Qué es el exequátur en España y para qué sirve

El exequátur es un procedimiento judicial específico mediante el cual un tribunal español analiza si una sentencia extranjera puede producir efectos en España. El juez no vuelve a entrar en el fondo del asunto: no reabre el divorcio ni discute de nuevo la custodia, sólo verifica que la resolución cumple determinados requisitos formales y de garantías.

Una vez superado ese filtro, la sentencia foránea se trata, a efectos prácticos, como si hubiera sido dictada por un órgano jurisdiccional español. A partir de ahí se puede inscribir, o incluso ejecutar, según lo que se haya pedido.

Reconocimiento y posible ejecución en España

Ese reconocimiento se traduce en consecuencias muy concretas:

  • posibilidad de inscribir un divorcio en el Registro Civil español;
  • actualización del estado civil ante las distintas administraciones;
  • hacer efectivos en España pagos periódicos acordados o impuestos en el extranjero (pensiones alimenticias o compensatorias);
  • utilización de decisiones sobre adopciones o cambios de apellidos frente a organismos públicos y privados.

Cuando, además, se pretende cobrar una pensión u obtener el cumplimiento de una obligación, el juzgado español puede abrir una fase de ejecución sobre la base de la resolución ya reconocida.

Cuándo hace falta exequátur y cuándo no es necesario

No toda resolución procedente de otro país exige pasar por un exequátur. El tipo de asunto, el Estado de origen y los acuerdos internacionales vigentes marcan la diferencia.

Ejemplos prácticos: divorcio, custodia, adopción, pensiones

Algunas situaciones en las que suele ser necesario, o al menos recomendable, acudir al exequátur de divorcio u otras resoluciones familiares:

  • Divorcios pronunciados en el país de origen, que después se quieren hacer constar en España para no seguir apareciendo como casados.
  • Sentencias sobre custodia y patria potestad, que fijan con quién conviven los hijos y cómo se organizan las visitas del otro progenitor.
  • Resoluciones sobre adopciones o modificaciones de apellidos, importantes para la identidad del menor.
  • Decisiones que fijan pensiones alimenticias o compensatorias fuera de España, cuando se busca que el deudor cumpla en territorio español o que la Administración tenga en cuenta esos importes.

Si no se obtiene el reconocimiento, el Registro Civil puede negarse a modificar la inscripción de matrimonio o nacimiento, y para la Administración seguirás teniendo el estado civil anterior.

Supuestos de reconocimiento casi automático

En el extremo opuesto están las resoluciones cubiertas por reglamentos de la Unión Europea u otros instrumentos que han simplificado el reconocimiento entre Estados miembros. En materia de familia y obligaciones civiles, varios reglamentos comunitarios han eliminado el exequátur clásico en muchos supuestos, de modo que la decisión se reconoce casi de forma automática.

En estos casos, a menudo basta con aportar certificados normalizados y la documentación requerida para que el registro o la autoridad competente inscriba directamente la resolución, sin necesidad de abrir un procedimiento separado.

Exequátur en materia de familia: matrimonio, divorcio, patria potestad y custodia

En la práctica, la mayor parte de los expedientes que afectan a residentes extranjeros tienen que ver con la esfera familiar. Se cruzan la realidad del país donde se dictó la sentencia y la del país donde se vive ahora.

Casos típicos que afectan a residentes extranjeros

Son especialmente frecuentes:

  • solicitudes de exequátur de divorcio de personas que se separaron en su país y después se trasladaron a España;
  • decisiones sobre patria potestad y custodia de hijos menores, con repercusión directa en colegio, sanidad y domicilio;
  • resoluciones que introducen cambios de apellidos o recogen una adopción plena;
  • pronunciamientos que fijan o modifican regímenes de visitas y viajes internacionales de menores.

Un exequátur de divorcio bien tramitado es, a menudo, la condición necesaria para poder volver a casarse en España o para que otros procedimientos (por ejemplo, de extranjería) tomen en cuenta el nuevo estado civil.

Efectos del reconocimiento en la vida diaria

Una vez concedido el exequátur, pueden darse varios pasos importantes:

  • inscribir la sentencia en el Registro Civil español;
  • reflejar el nuevo estado civil en documentos oficiales y bases de datos;
  • adaptar los datos relativos a hijos y filiación, si la resolución lo prevé;
  • reclamar o revisar derechos económicos ligados a la situación familiar (pensión, uso de vivienda, etc.).

Estas modificaciones no sólo repercuten en la vida privada, sino también en herencias, tributación y trámites administrativos que exigen acreditar la situación familiar exacta.

Requisitos básicos para que un juez español admita el exequátur

Para que un tribunal español acepte reconocer una resolución extranjera, no basta con que el asunto sea “importante”. La Ley 29/2015 establece una serie de condiciones mínimas que el órgano judicial debe revisar.

Elementos clave que valora el tribunal

Entre los puntos que se comprueban de forma habitual destacan:

  • que la resolución sea firme en el país de origen, es decir, que no esté pendiente de recurso ordinario;
  • que el tribunal que la dictó fuera competente según su Derecho y, en ciertos supuestos, según criterios internacionales generalmente aceptados;
  • que se haya respetado el derecho de defensa: la otra parte fue citada, tuvo oportunidad real de intervenir y no se vio indefensa;
  • que no exista otra resolución incompatible de tribunales españoles o de un tercer Estado con prioridad;
  • que el contenido no resulte manifiestamente contrario al orden público español, en especial respecto a derechos fundamentales y protección de menores.

Si falta alguno de estos elementos, el juez puede denegar el reconocimiento o exigir que se complete la documentación.

Documentación necesaria: original, legalización/apostilla y traducción jurada

El contenido de la sentencia es sólo una parte de la historia. El juzgado quiere asegurarse también de que el documento es auténtico y comprensible.

Cómo preparar la sentencia y los certificados complementarios

Normalmente se piden:

  • testimonio o copia certificada de la sentencia o resolución extranjera, con nota de firmeza;
  • certificados de matrimonio o nacimiento relacionados con lo decidido en la sentencia;
  • un justificante de que la resolución sigue vigente y no ha sido sustituida por otra posterior.

Cuando el procedimiento afecta al estado civil, el Registro Civil español puede requerir además certificados recientes del registro extranjero, para comprobar que todo está coherente.

Legalización, apostilla y traducción jurada

En muchos países, la sentencia y los certificados han de llevar apostilla o legalización para que en España se reconozca la firma de la autoridad que los expide. El camino concreto depende de si el país ha ratificado o no el Convenio de La Haya.

Si la documentación está en otro idioma, el tribunal exigirá una traducción jurada al castellano. Ahí entra en juego el trabajo de traductores especializados. Despachos como Traductor Jurado Ruso, dedicados a la traducción profesional y a la traducción jurada en España, pueden preparar versiones oficiales de las sentencias y certificados, listas para incorporarlas a la demanda de exequátur.

En la práctica, la combinación habitual es: documento original, con su apostilla o legalización, más una traducción jurada íntegra de todo el conjunto.

Dónde и cómo se tramita el exequátur en España

El exequátur siempre se desarrolla ante órganos jurisdiccionales, no ante la Administración general. Es decir, se trata de un procedimiento civil gestionado por juzgados.

Juzgados competentes, abogado, procurador, coste y plazos

En asuntos de familia, es habitual presentar la demanda ante los Juzgados de Primera Instancia del lugar donde reside la persona contra la que se pide el reconocimiento o de la provincia donde se pretende que la sentencia produzca efectos. Si posteriormente se recurre la resolución, entra en juego la competencia Audiencia Provincial del territorio correspondiente, que revisará lo decidido por el juzgado.

Para este tipo de asuntos suele ser obligatoria la intervención de abogado y procurador. Los costes finales dependen de la complejidad del caso y de los honorarios de cada profesional. En cuanto al tiempo, las estadísticas de órganos judiciales apuntan a que un procedimiento puede prolongarse varios meses y alargarse si hay oposición de la otra parte.

Fases del procedimiento de exequátur

Cada expediente tiene sus particularidades, pero el esquema general suele ser:

  • Presentación de la demanda de exequátur, adjuntando sentencia, apostilla o legalización y traducciones juradas.
  • Admisión a trámite por el juzgado y traslado a la otra parte, que puede formular alegaciones.
  • Oposición, en su caso, basada en defectos formales, vulneración del derecho de defensa o conflicto con el orden público.
  • Vista oral, cuando el juez considera necesario o útil oír a las partes.
  • Auto de reconocimiento o denegación, que puede ser recurrido ante la Audiencia Provincial; en apelación, la competencia Audiencia Provincial se limita a revisar la resolución de instancia y comprobar la correcta aplicación de los requisitos legales.
  • Una vez firme, inscripción en el registro correspondiente y apertura, si procede, de una fase de ejecución.

Ese auto firme es la llave que permite que la resolución extranjera despliegue efectos en España.

Tabla comparativa: exequátur vs inscripción/anotación directa de resoluciones extranjeras

No todas las situaciones exigen la misma vía. A veces basta con inscribir directamente una decisión extranjera sin acudir al exequátur tradicional.

Diferencias en ámbito, complejidad y coste

Aspecto Procedimiento de exequátur Inscripción o anotación directa
Ámbito de aplicación Sentencias de terceros Estados o materias sin reglamento específico Resoluciones amparadas por reglamentos de la UE o acuerdos bilaterales
Autoridad que decide Juzgado de Primera Instancia / Audiencia Provincial Registro Civil u otros registros públicos
Complejidad del trámite Alta: demanda, posibles vistas, recursos Menor: análisis registral de la documentación
Documentación exigida Sentencia, firmeza, apostilla/legalización, traducción jurada Certificados normalizados y, en su caso, traducción
Plazos y costes orientativos Meses y honorarios de abogado y procurador Plazos generalmente más cortos y tasas reducidas

Por eso es importante estudiar cada caso con calma y confirmar si es imprescindible iniciar un exequátur divorcio o si existe una vía de reconocimiento más sencilla.

Errores frecuentes y consejos prácticos para gestionar un exequátur

Quienes intentan poner en marcha un exequátur por su cuenta suelen tropezar con los mismos problemas, muchos de ellos fácilmente evitables con algo de planificación.

Problemas típicos y cómo evitarlos

Entre los fallos más habituales se encuentran:

  • presentar documentos sin apostilla ni legalización, que el juzgado no puede considerar auténticos;
  • aportar traducciones simples en lugar de traducción jurada;
  • iniciar el procedimiento con resoluciones no firmes o con recursos pendientes;
  • equivocarse de órgano y acudir a un juzgado que no es competente;
  • subestimar el impacto de una posible oposición de la otra parte sobre plazos y costes.

Para reducir estos riesgos conviene:

  • informarse bien de los requisitos del país de origen para obtener copias válidas y susceptibles de apostilla;
  • comprobar que toda la documentación llega a España con la legalización adecuada;
  • contar con un traductor jurado y, en expedientes complejos, con un abogado especializado en cooperación jurídica internacional;
  • asumir que este tipo de procedimiento no se resuelve en pocos días y puede condicionar otros trámites (nuevo matrimonio, nacionalidad, extranjería).

Con una buena preparación de los documentos y un asesoramiento profesional razonable, el exequátur deja de ser una palabra intimidante y se convierte en una herramienta útil para alinear tu situación jurídica en España con las decisiones que ya se han tomado en el extranjero.

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Lingua Franca Traducciones Juradas
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